Adiós a la ‘Llei Aragonès’
La ‘Ley Aragonés’ no saldrá adelante. Así lo decidieron ayer por la tarde en la votación en la comisión de economía del Parlament de Catalunya todos los partidos de la oposición. Ciudadanos, PSC, En Comú Podem, CUP y PP votaron en contra del proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, más conocido con el nombre del Vicepresidente y Consejero de Economía que la quería sacar adelante, Pere Aragonès.
ERC y Junts per Catalunya, los partidos en el Gobierno, se quedaron solos defendiendo la iniciativa legislativa. Incluso, en un primer momento de la tarde, habían anulado la votación del proyecto de ley, retirando el punto del orden del día, ya que se dieron cuenta que no recibiría suficientes apoyos. Los grupos de la oposición, sin embargo, lograron más tarde que se volviera a incorporar en la agenda de la sesión para poderlo votar y hacer explícito que tumbaban la ‘Ley Aragonès’.
De ley reguladora a grifo abierto a las externalizaciones
El texto de la Ley Aragonès pretendía regular los contratos onerosos que licitan las administraciones públicas, es decir, aquellos contratos que conllevan beneficios tanto por el contratista como para el órgano gubernamental, que podía ser tanto la Generalitat, como las diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos.
Los contratos que podrian haber sido afectados por la norma eran los relacionados con servicios de bienestar y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, con una especial atención hacia los colectivos más frágiles y vulnerables. Por ejemplo, aquellos vinculados a la educación, la sanidad y los servicios sociales: guarderías, centros, ludotecas, comedores escolares, colonias, atención domiciliaria, hogares de ancianos, residencias, centros de día, programas de mediación en el ámbito penal y servicios comunitarios.
Cuando se empezó a gestar, bajo el mandato del ex consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, superó filtros como la negociación con los sindicatos CCOO y UGT y los informes preceptivos del Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC). En el ámbito parlamentario sólo recibió críticas de la CUP.
La aplicación del artículo 155 hizo que la norma quedara encerrada en un cajón. Posteriormente el texto pasó a manos de Aragonés, nuevo responsable de Economía y a finales del año pasado la ley superó un debate inicial en el Parlamento sin ninguna enmienda a la totalidad. Pero posteriormente las críticas aparecieron con fuerza.
La oposición a la ley, en las calles durante meses
Paralelamente a los trámites parlamentarios que han permitido que la ley saliera adelante hasta esta semana, varias entidades sociales y colectivos de toda Catalunya se reunieron en la Plataforma Aturem la Ley Aragonès para protestar contra la aplicación de la norma. Uno de los momentos en que su campaña se hizo más visible fue en noviembre pasado, cuando reunieron más de 2.500 personas en una manifestación por el centro de Barcelona.
«Esta ley establece un marco jurídico idóneo para que sean las empresas privadas quienes gestionen y presten servicios públicos vinculados directamente a garantizar derechos fundamentales», exponían a su manifiesto. Según las entidades de la plataforma, la ‘Ley Aragonès’ abría claramente la puerta a externalizar sin control público la gestión de más de 250 servicios que ahora asume la Administración, en sanidad, educación o servicios sociales, entre otros – «una de las mayores externalizaciones», clamaban.
En el campo de la educación, la Fapac (Federación de AMPAs de Catalunya) fue, probablemente, la primera entidad que lanzó el grito de alerta sobre la tramitación de este anteproyecto de ley, ya en diciembre de 2018. su presidenta, Belén Tascón, decía al Diari de la Educació que se estaba intentando «revestir de un carácter técnico lo que es una ley con una gran carga política, ya que permite a la administración externalizar lo que quiera».
Metges de Catalunya, sindicato mayoritario en este ámbito estratégico, también se situó en contra del texto y recordaban que la sanidad catalana ya está «infrafinanciada» y que una externalización de servicios empeoraría, a su juicio, el servicio que se presta. También en el ámbito sanitario, desde la Marea Blanca se mostraron contrarios a la ley y aseguraban que «no hay ninguna directiva europea que obligue a los Estados miembros a subcontratar o externalizar la prestación de servicios».
Dentro del Parlament, aunque ayer todos los partidos de la oposición votaran en contra del proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, sólo la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) – desde un principio – y Catalunya en Comú Podem – más adelante – se habían opuesto públicamente a la nueva normativa.
El partido de la izquierda independentista afirmaba que la nueva ley consolidaba y abría «la puerta a nuevas privatizaciones de servicios públicos» y que, a pesar de las afirmaciones del Gobierno, seguia «poniendo el foco en el precio y no en la calidad de los servicios, un hecho que degrada el servicio y profundiza la precariedad laboral «. Por su parte, Jéssica Albiach, presidenta del grupo de los comunes, declaraba: «ya sabemos qué pasa cuando quien quiere hacer negocio entra en los servicios públicos, baja la calidad del servicio público y empeoran las condiciones laborales». Por eso, decía Albiach, hay que «blindar los servicios públicos, y esto se hace prioritariamente con la gestión directa».
Desde ERC, consideraban que había una ofensiva contra la ley, una «campaña de intoxicación y desinformación», pero que el texto no incentivaba las externalizaciones. El partido reivindicaba que la ley daría «herramientas a la administración para que primen siempre los criterios de calidad en los servicios que se gestionan por contratación y aleja el porcentaje del precio como criterio de valoración y prohíbe la subasta». Además, consideraban que era una norma «necesaria» para no tener que depender de la ley estatal vigente en la actualidad, la Ley de Contratos del Sector Público, que, según los republicanos, «ofrece una regulación generalista de los contratos».
Desde ayer por la tarde, sin embargo, toda la campaña – tan en contra como a favor – de entidades, sindicatos y partidos políticos ya no tendrá que continuar porque la oposición en bloque ha tumbado la propuesta de ley de contratos de servicios a las personas, la ‘Ley Aragonés’
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