PAREMOS
LA LEY ARAGONES/ATUREM LA LLEI ARAGONÈS
Los medios de comunicación mayoritarios no se están
haciendo eco de la noticia, como no podía ser de otra manera, pero la realidad
frente a la que nos encontramos en el momento presente es que todos los grupos políticos del Parlament de
Catalunya, con la excepción de la CUP y de Catalunya En Comú-Podem, están
negociando en la Comisión de
Economía y Hacienda la medida con la que se
pretende arrasar las principales prestaciones en las que se basa el Estado del
Bienestar. Se trata de la Llei de
contractes de serveis a les persones, algo más conocida como “llei
aragonés, y el objetivo perseguido no es otro que el de llevarla al Pleno del
Parlament para aprobarla de forma inminente.
¿Cuál es el motivo por el que apenas hayamos oído hablar
hasta la fecha de este asunto? Pues, precisamente, su extrema gravedad. Se
pretende que no exista debate político y mediático, no solo en función de los
intereses creados que giran alrededor de esta ley sino también ante unas más
que probables elecciones autonómicas que obligarían a posicionarse a los
partidos al respecto y la ciudadanía podría observar con más claridad el papel
representado por cada uno de ellos en la tramitación de dicha norma.
Si no impedimos su
tramitación, la “ley aragonés” se convertirá en la medida legal más
reaccionaria y antisocial que habrá tenido lugar en Cataluña en toda su
historia democrática, a la par que en el peor precedente posible para el resto
de España.
El Govern de la Generalitat y ERC -responsable directa-
justifican la norma a través de argumentos contrarios a lo que ésta pretende en
realidad; quieren hacernos creer que su finalidad no es otra que la de
garantizar el mejor proceder en la licitación de los servicios públicos que
vayan a ser externalizados, así como la de velar para que no prime la oferta
más baja a la hora de adjudicar una determinada prestación y que las empresas
caracterizadas por firmar convenios menos lesivos para sus empleados sean
recompensadas con una puntuación más alta.
Los hechos, sin embargo, son bien distintos. El catálogo de
buenas intenciones no es capaz de enmascarar que la externalización de
servicios es de facto una vergonzante privatización de los mismos. El verdadero objetivo consiste en
establecer el procedimiento que permita abrir la veda de las privatizaciones
masivas en Cataluña. Tanto es así, que a la parte más estrictamente técnica
de la ley se le adjunta lo que no es otra cosa que un inventario en el que se
enumeran más de 240 servicios que abarcan no solo sectores como la Sanidad, la
Educación y los Servicios Sociales, sino también el servicio de ocupación, el
deporte y los servicios a la comunidad. No se trata, como describe la ley de
manera hipócrita, de que el aspecto económico no sea el único a tener en cuenta
a la hora de contratar una empresa para que nos brinde una determinada
prestación, sino que los fundamentos del Estado del Bienestar y, en consecuencia,
de la propia democracia, no son mercadeables y no podemos permitir que se
ajusten, en modo alguno, a la ley de la oferta y la demanda, sino que son
derechos universales e inalienables que pertenecen a la ciudadanía.
Externalizar una
prestación social significa convertirla en un negocio particular en el que se
va a priorizar la obtención del máximo beneficio mediante el mínimo coste y en
el que los usuarios del servicio se convierten en clientes de una firma. Por mucho que la Administración
prometa premiar a la empresa que demuestre buenas prácticas, las reglas del
mercado seguirán prevaleciendo y ello se traducirá en la degradación paulatina
de la atención prestada.
El deterioro de un
servicio es una circunstancia que siempre va acompañada y está intrínsecamente
relacionada con el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los
profesionales que desempeñan su actividad en estos ámbitos. Decir que se va a premiar a las
empresas o entidades cuyos convenios sean más considerados con los trabajadores
equivale a eludir la realidad de un sector privado donde la negociación
colectiva se encuentra regularmente sumida en la parálisis y el colapso en el
contexto de las sucesivas reformas laborales que seguimos padeciendo. Estamos
hablando de plantillas precarizadas y de recursos materiales e instalaciones
cada vez más deficientes como resultado de la reducción de costos en aras de
una mayor competitividad. Esto se traduce en horas de trabajo y, con
frecuencia, salarios completos atrasados o directamente impagados; en jornadas
laborales draconianas y cambiantes que imposibilitan la conciliación de la vida
laboral con la profesional y la personal y familiar; en contrataciones por
debajo de la categoría profesional; en equipos profesionales desestructurados,
llevados al límite de sus capacidades y a los que suele culparse del caos
propiciado por un modelo de funcionamiento del cual ellos son las primeras
víctimas y denunciantes. Es por este último punto que se produce la persecución
de la actividad sindical y el acoso y despido a todo empleado que reivindique
sus derechos.
Sin embargo, lo más
grave radica en el hecho de que este grado de explotación recae de forma brutal
sobre las mujeres trabajadoras, puesto que son ámbitos especialmente
feminizados y el sobretrabajo y las
dificultades en la conciliación que ya son habituales en toda mujer se hacen
patentes de manera todavía más dramática en estas profesionales.
El Ejecutivo catalán ha dado muestras de una gran cobardía
por haber achacado esta ley a las prescripciones de la Directiva 2014/24/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública, así como a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, porque
lo cierto es que la directiva europea deja en manos de las diferentes
Administraciones públicas la posibilidad de escoger entre diferentes modelos de
gestión y en absoluto obliga a optar por el que ha elegido el equipo de Pere
Aragonès. Por su parte, la ley española lo que hace es remitirse a la europea,
sin que ni tan solo haga una recomendación en un sentido determinado. Es la
nueva ley catalana la que prescribe un modelo abiertamente neoliberal, si bien
sabemos más que de sobras que los partidos que gobiernan la Generalitat nunca
son capaces de asumir sus propias decisiones cuando éstas son impopulares y
utilizan la burda estrategia de ampararse en una supuesta obediencia debida a instancias
superiores. Al fin y al cabo, la experiencia nos dice que ellos han sido y
siguen siendo los primeros defensores y ejecutores de los programas de gobierno
más salvajemente antisociales.
De hecho, otra de las artimañas de las que están haciendo
gala el Govern y sus medios de
propaganda afines parece consistir en insinuar la radicalidad e intransigencia
de las voces críticas con esta norma. En este caso, la realidad vuelve a
ponerles en evidencia una vez más si constatamos que nada menos que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), en su reciente informe
especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y
beneficios limitados (1) condena explícitamente el tipo de manejos en la
relación entre el sector público y el sector privado que el gobierno del
Principado quiere convertir en marco legal de carácter general para los años
sucesivos.
Seamos claros: ¿quién es el radical aquí? No hay más
radicales y antisistema que aquellos que tiran la piedra y esconden la mano,
aquellos que afirmando pretender garantizar la mejor gestión de los servicios
públicos los venden a empresas, falsas cooperativas y tinglados varios en los
que ha llegado a demostrarse la participación de cargos políticos. Son
radicales, en definitiva, aquellos que han reventado el pacto social sobre el
que se sustenta la democracia a través de incesantes e insaciables
contrarreformas que están destruyendo el Estado Social y Democrático de
Derecho.
No podemos esperar ni un minuto más; la situación exige una
respuesta inmediata y abrumadora del conjunto de la ciudadanía. Nuestro
presente y nuestro futuro nos exigen parar la “Ley Aragonès” y hacerlo cuanto
antes.
(1) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_ES.pdf
Els mitjans de comunicació majoritaris no s'estan fent
ressò de la notícia, com no podia ser d'una altra manera, però la realitat
enfront de la que ens trobem en el moment present és que tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, amb l'excepció de
la CUP i de Catalunya a Comú-Podem, estan negociant a la Comissió d'Economia i
Hisenda la mesura amb la qual es pretén arrasar les principals prestacions en
què es basa l'Estat del Benestar. Es tracta de la Llei de Contractes de
serveis a les persones, una mica més coneguda com "Llei aragonès, i
l'objectiu perseguit no és altre que el de portar-la al Ple del Parlament per
aprovar-la de forma imminent.
Quin és el motiu pel qual amb prou feines hàgim sentit
parlar fins a la data d'aquest assumpte? Doncs, precisament, la seva extrema
gravetat. Es pretén que no hi hagi debat polític i mediàtic, no només en funció
dels interessos creats que giren al voltant d'aquesta llei sinó també davant
unes més que probables eleccions autonòmiques que obligarien a posicionar als
partits al respecte i la ciutadania podria observar amb més claredat el paper
representat per cada un d'ells en la tramitació d'aquesta norma.
Si no impedim la seva
tramitació, la "llei aragonès" es convertirà en la mesura legal més
reaccionària i antisocial que haurà tingut lloc a Catalunya en tota la seva
història democràtica, al mateix temps que en el pitjor precedent possible per a
la resta d'Espanya.
El Govern de la Generalitat i ERC -responsable directa-
justifiquen la norma a través d'arguments contraris al que aquesta pretén en
realitat; volen fer-nos creure que la seva finalitat no és altra que la de
garantir el millor procedir a la licitació dels serveis públics que hagin de
ser externalitzats, així com la de vetllar perquè no prevalgui l'oferta més
baixa a l'hora d'adjudicar una determinada prestació i que les empreses
caracteritzades per signar convenis menys lesius per als seus empleats siguin
recompensades amb una puntuació més alta.
Els fets,
però, són ben diferents. El
catàleg de bones intencions no és capaç d'emmascarar que l'externalització de
serveis és de facto una vergonyant privatització dels mateixos. El veritable objectiu consisteix a establir
el procediment que permeti obrir la veda de les privatitzacions massives a
Catalunya. Tant és així, que a la part més estrictament tècnica de la llei
se li adjunta el que no és altra cosa que un inventari en el qual s'enumeren
més de 240 serveis que abasten no només sectors com la Sanitat, l'Educació i
els Serveis Socials, sinó també el servei d'ocupació, l'esport i els serveis a
la comunitat. No es tracta, com descriu la llei de manera hipòcrita, que
l'aspecte econòmic no sigui l'únic a tenir en compte a l'hora de contractar una
empresa perquè ens brindi una determinada prestació, sinó que els fonaments de
l'Estat del Benestar i, en conseqüència, de la mateixa democràcia, no són
mercadeables i no podem permetre que s'ajustin, de cap manera, a la llei de
l'oferta i la demanda, sinó que són drets universals i inalienables que pertanyen
a la ciutadania.
Externalitzar una
prestació social significa convertir-la en un negoci particular en el qual es
prioritzarà l'obtenció del màxim benefici mitjançant el mínim cost i en el qual
els usuaris del servei es converteixen en clients d'una firma. Per molt que l'Administració prometi
premiar l'empresa que demostri bones pràctiques, les regles del mercat seguiran
prevalent i això es traduirà en la degradació gradual de l'atenció prestada.
El deteriorament d'un
servei és una circumstància que sempre va acompanyada i està intrínsecament
relacionada amb l'empitjorament de les condicions de treball dels professionals
que desenvolupen la seva activitat en aquests àmbits. Dir que es va a premiar les empreses
o entitats els convenis siguin més considerats amb els treballadors equival a
eludir la realitat d'un sector privat on la negociació col·lectiva es troba
regularment sumida en la paràlisi i el col·lapse en el context de les
successives reformes laborals que seguim patint. Estem parlant de plantilles
precaritzades i de recursos materials i instal·lacions cada vegada més
deficients com a resultat de la reducció de costos en nom d'una major
competitivitat. Això es tradueix en hores de treball i, sovint, salaris
complets endarrerits o directament impagats; en jornades laborals draconianes i
canviants que impossibiliten la conciliació de la vida laboral amb la
professional i la personal i familiar; en contractacions per sota de la
categoria professional; en equips professionals desestructurats, portats al
límit de les seves capacitats i als que sol culpar-se del caos propiciat per un
model de funcionament del qual ells són les primeres víctimes i denunciants. És
per aquest últim punt que es produeix la persecució de l'activitat sindical i
l'assetjament i acomiadament a tot empleat que reivindiqui els seus drets.
No obstant això, el
més greu rau en el fet que aquest grau d'explotació recau de forma brutal sobre
les dones treballadores, ja que són àmbits especialment feminitzats i el
treball excedentari i les dificultats en la conciliació que ja són habituals en
tota dona es fan patents de manera encara més dramàtica en aquestes
professionals.
L'Executiu català ha donat mostres d'una gran covardia per
haver atribuït aquesta llei a les prescripcions de la Directiva 2014/24 / UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, així com a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, perquè la veritat és que la directiva europea deixa en mans de les
diferents administracions públiques la possibilitat d'escollir entre diferents
models de gestió i en absolut obliga a optar pel qual ha triat l'equip de Pere
Aragonès . Per la seva banda, la llei espanyola el que fa és remetre a
l'europea, sense que ni tan sols faci una recomanació en un sentit determinat.
És la nova llei catalana la que prescriu un model obertament neoliberal, tot i
que sabem més que de sobres que els partits que governen la Generalitat mai són
capaços d'assumir les seves pròpies decisions quan aquestes són impopulars i
utilitzen la barroera estratègia de emparar-se en una suposada obediència
deguda a instàncies superiors. Al cap ia la fi, l'experiència ens diu que ells
han estat i segueixen sent els primers defensors i executors dels programes de
govern més salvatgement antisocials.
De fet, una altra de les estratagemes de les que estan fent
gala el Govern i els seus mitjans de propaganda afins sembla consistir en
insinuar la radicalitat i intransigència de les veus crítiques amb aquesta
norma. En aquest cas, la realitat torna a posar-los en evidència un cop més si
constatem que ni més ni menys que el
Tribunal de Comptes Europeu (TCE), en el seu recent informe especial
Associacions publicoprivades en la UE: Deficiències generalitzades i beneficis
limitats (1) condemna explícitament el tipus de maniobres en la relació entre
el sector públic i el sector privat que el govern del Principat vol convertir
en marc legal de caràcter general per als anys successius.
Siguem clars: qui és el radical aquí? No hi ha més radicals
i antisistema que aquells que tiren la pedra i amaguen la mà, aquells que
afirmant pretendre garantir la millor gestió dels serveis públics els venen a empreses, falses cooperatives i embulls diversos
en els quals s'ha arribat a demostrar la participació de càrrecs polítics. Són
radicals, en definitiva, aquells que han rebentat el pacte social sobre el qual
se sustenta la democràcia a través d'incessants i insaciables contrareformes
que estan destruint l'Estat Social i Democràtic de Dret.
No podem esperar ni un minut més; la situació exigeix una
resposta immediata i aclaparadora del conjunt de la ciutadania. El nostre
present i el nostre futur ens exigeixen aturar la "Llei Aragonès" i
fer-ho com més aviat millor.
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